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Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba

Universidad Nacional de Córdoba, 31 de marzo de 2010

Otra vez la burocracia vulnera la democracia sindical

Plenario de CONADU - Buenos Aires, 29 de marzo de 2010

Igual que en 2006, 2007, 2008 y 2009, el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, firmó con sus socios, los Rectores y el Gobierno Nacional, un acuerdo salarial insuficiente.

La oferta del gobierno nacional representa un aumento anualizado de sólo el 11%, muy inferior al 25% retroactivo a enero de 2010 que se reclama como piso de emergencia para recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2009 y de la media canasta para el cargo testigo.

El alardeado 20% de incremento, tomando como valor 100 la base salarial actual a enero de 2010 más los incrementos porcentuales del 9% en abril, 6% en julio y 3,86% en octubre, es una infame falacia que oculta el incremento real que sufrirá la masa salarial: entre 11% y 13 %, según cargo y dedicación.

¿Cómo establecemos esta afirmación? Regla de tres simple. La relación entre la suma de los 13 sueldos anuales (incluido el aguinaldo) conteniendo el último aumento -acordado por De Feo, el Gobierno y los Rectores- y la suma de los 13 sueldos anuales sin mejora, multiplicada por 100, muestra el incremento real arriba mencionado.

Sin embargo, la estafa no termina allí. Con una modalidad de incremento salarial en cómodas cuotas, que no compensa la elevación del costo de vida generado entre abril de 2009 y abril de 2010 ni la voraz inflación en curso, el aumento escalonado hasta octubre de este año buscará cerrar la posibilidad de rediscutir mejoras hasta esa fecha (de hecho, hasta el 2011) en tanto se esté ejecutando el presente esquema de pagos.

Por su parte, la recomposición del nomenclador en el marco de esta miseria salarial no hará más que aumentar la brecha entre los que menos perciben y los que más cobran, lo cual quedará evidenciado en el hecho de que la garantía salarial de $1.740 para el primer semestre y $1.840 para el segundo no sólo estará referida -como ocurría hasta ahora- al cargo testigo inicial, sino también a los cargos sin antigüedad del JTP de semi y del Profesor Adjunto de semi. Es decir, tendremos más docentes cuyos sueldos habrán caído por debajo del valor del salario mínimo, vital y móvil, lo cual viola el actual nomenclador al tener que partir no de cargos iniciales sin antigüedad para alcanzar dicha garantía salarial mínima, sino de cargos iniciales con una antigüedad dibujada, de hasta 7 años según los casos, siendo este aspecto del acta algo totalmente ilegal y fraudulento.

A todo lo señalado cabe agregar que, dada la reglamentación de la ley jubilatoria, por la cual los incrementos a los pasivos se aplicarán durante los meses de marzo y septiembre de cada año, los jubilados universitarios cobrarán el primer tramo de este miserable aumento recién en septiembre de 2010 y el resto en el primer semestre de 2011.

Como contrapartida, el acta firmada nada dice de la elevación o eliminación del mínimo imponible del impuesto a las ganancias para los sueldos más altos, ni de aumentar el presupuesto de forma tal que permita a los docentes con cargos testigos alcanzar la media canasta familiar; por eso, seguramente para hacerla digerible a uno de los actores más decididos en esta pelea -el de los docentes preuniversitarios- el acuerdo destaca el incremento del FONID (omitiendo que sigue siendo una suma en negro) y la intención de resolver en un plazo de 60 días la implementación de un nomenclador para el sector, lo cual, lejos de representar una promesa como en años anteriores, no prevé los fondos necesarios para tal fin.

Indudablemente, al momento de producirse el plenario de Secretarios Generales de CONADU, el compromiso con el Gobierno ya estaba establecido, por eso tras una patética escenificación en la que hubo de todo: imposiciones, burlas de De Feo, críticas a quienes realizamos paros, asociaciones sin mandato, asociaciones que torcieron el mandato para que encaje en las necesidades del gobierno, etc., el acta fue rubricada maliciosamente pese al compromiso de la burocracia de someter la dudosa decisión acuerdista a un futuro Congreso Nacional de la Federación.

Dado este cuadro de situación nuestra Regional Sindical ha propuesto realizar un encuentro del conjunto de asociaciones de las Federaciones para que la aceptación o rechazo de la oferta del gobierno se decida entre las mismas y, en caso de rechazar la misma, se defina un plan de acción. Esta iniciativa permitiría que los acuerdos se firmen por voluntad de la mayoría de los gremios y no por una parte, como ahora, al estar divididos en más de dos federaciones.

Esta propuesta no fue considerada durante el plenario porque la dirección de CONADU decidió aceptar la oferta sí o sí. De esta forma, la firma del acuerdo fue decidida con el voto de unos pocos gremios frente a las más de 35 asociaciones existentes.

Esto ocurre en un escenario caliente marcado por el rechazo generalizado de los docentes universitarios argentinos a la oferta ridícula del gobierno. Rechazo que se cristaliza en el paro docente y las jornadas de protesta del martes 30 y miércoles 31/3 en San Luis, Río Cuarto, Córdoba, Rosario, Villa María y las 20 asociaciones agremiadas en la CONADU Histórica.

Cabe considerar que vamos por la tercera semana de lucha durante las cuales el Gobierno, que no tenía intenciones de dar aumentos según sus propias declaraciones, ha tenido que sentarse a negociar, ofrecer algo y mejorar la oferta a partir de nuestras medidas de fuerza.

Indudablemente, si la mayoría de la dirección de CONADU tuviera disposición para la lucha podríamos haber conseguido el 25 % solicitado y no el magro 11%.

Por eso, la firma de este acuerdo es un paquete con moño, es decir, un regalo hecho a la medida de las necesidades del Gobierno nacional que no quiere gastar más de lo presupuestado para destinar todos los fondos posibles al cumplimiento de la deuda externa.

Cabe considerar que el gasto social para el pueblo es comparable al gasto en la deuda con los acreedores internacionales y los buitres locales. En 2009 se usó el 10,6% del presupuesto para el conjunto de las carteras de salud, educación, justicia, vivienda, universidad, ciencia y tecnología y planes sociales, frente a un 10,5% empleado para el pago de intereses y amortizaciones de la ilegítima y fraudulenta deuda externa. Así, mientras el gasto social y los salarios siguen deprimidos, el costo de vida, los tarifazos provinciales y la presión tributaria sobre el pueblo continúan en ascenso.

Queda en evidencia, entonces, que en lugar de representar a los docentes ante el gobierno, la dirección de CONADU es representante del gobierno ante los trabajadores universitarios.

Hay que ser claros, los dirigentes que han votado por aceptar la propuesta de miseria del gobierno, y que lo vienen haciendo desde hace tiempo, tienen en gran medida una existencia marginal respecto a la vida de los docentes de sus propias Universidades, por eso se sientan en los plenarios a levantar la mano de manera obsecuente con el Secretario General de la Federación imponiendo junto al Gobierno la profundización del deterioro salarial y presupuestario.

Por eso, si queremos resolver esta situación, los docentes tenemos que derrotar la política de miseria presupuestaria y salarial del gobierno y el accionar de sus dos diques de contención frente a los reclamos: la burocracia sindical y la patronal representada por los Rectores, quienes sólo aportan críticas a la lucha, pero no hacen nada por mejorar esta Universidad en la cual un trabajador que recién se inicia no puede sostener dignamente a su familia.

ADIUC (Córdoba), COAD (Rosario), AGD (Río IV), ADU (San Luis) y ADIUViMa (Villa María)