La verdad os hará libres.
Un fallo contra el acceso libre a las Universidades, con el aval del gobierno
Pablo Cayssials,
el mismo juez que en su momento jugó a favor de Clarín, ahora declaró
inconstitucional el “acceso libre e irrestricto” a la Universidad. El
Gobierno de Mauricio Macri desistió de apelar y su decisión quedó firme.
Redacción En Orsai // Miercoles 11 de mayo de 2016 | 13:26
Se esperaba la apelación del Gobierno de Mauricio Macri, pero eso nunca ocurrió
Mientras los tarifazos
indiscriminados del macrismo ponen en jaque a todas las Universidades
públicas del país, y las paritarias a docentes universitarios sigue
trabada, un fallo más que polémico cayó como un mazazo sobre la
educación superior.
La decisión fue tomada a fines de marzo
–aunque trascendió en las últimas horas– por el titular del Juzgado en
lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Pablo Cayssials, quien hizo
lugar a un recurso de amparo de la Universidad Nacional de La Matanza
(UNLaM) contra el Estado nacional y declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 27.204 que disponen el acceso libre e irrestricto a la Universidad.
Cayssials arremetió contra el artículo
2, inciso “a”, que garantiza “la igualdad de oportunidades y condiciones
en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso”; y el artículo
4, que, entre otras cosas, establece que “todas las personas que
aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e
irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”.
A su entender, esto violaría no sólo la
autonomía universitaria, que permite instaurar “sistemas de admisión,
permanencia y promoción de los estudiantes”, sino también lo dispuesto
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“Si bien la enseñanza secundaria debe ser generalizada y hacerse
accesible a todos, la enseñanza superior ‘debe hacerse igualmente
accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno’”, subrayó
el magistrado.
La polémica es que el juez coloca los
pactos de derechos humanos como un techo y no como un piso para asegurar
más derechos; y, al mismo tiempo, otorga una interpretación de
la autonomía universitaria diversa a la que sostiene la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia.
No es la primera vez que
Cayssials toma decisiones en contra de los intereses de las grandes
mayorías. Hace poco más de un año, pasó por encima de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual y suspendió la desmonopolización
del Grupo Clarín. En esa oportunidad consideró que el
cumplimiento de la norma afectaba los “derechos constitucionales” de un
grupo de periodistas al servicio de Héctor Magnetto, entre ellos Julio
Blanck, Nelson Castro, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi,
Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy.
El fallo que declaró la
inconstitucionalidad del ingreso libre e irrestricto a las Universidades
recayó en la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso
Administrativo, donde se esperaba la apelación del Gobierno de Mauricio Macri, pero eso nunca ocurrió.
La Facultad de Periodismo y Comunicación
Social de la Universidad Nacional de La Plata, conducida por Florencia
Saintout, fue la primera unidad académica del país en manifestar su
repudio a la sentencia judicial, al sostener que “la Educación Superior
es un derecho y que el Estado debe arbitrar los mecanismos para su pleno
ejercicio”.
“La afrenta en contra del acceso
libre a la Educación Superior adquiere sentido en un proceso signado
por una constante restricción de derechos inaugurado en los últimos
meses. La Universidad forma sujetos, profesionales, científicos, pero
centralmente es uno de los mecanismos fundamentales de una sociedad para
garantizar la equidad y la inclusión”, remarcó en un comunicado.
La Justicia bloqueó el ingreso irrestricto a la universidad
Educación. Una ley sancionada al final del kirchnerismoLo decidió un juez, ante un amparo de la Universidad de La Matanza. La institución había pedido anular dos artículos de la Ley de Educación Superior por violar la “autonomía universitaria”.
Un juez federal
suspendió la vigencia de dos artículos de la Ley de Educación Superior
Nº 27.204, que habían sido modificados en octubre, poco antes de las
elecciones, por un proyecto de la ex diputada Adriana Puiggrós. La
reforma de la ley estableció expresamente la gratuidad de las
universidades públicas y prohibió los exámenes de ingreso eliminatorios.
Ahora, esta segunda disposición –el ingreso irrestricto– quedó anulada
con el argumento de que violaba la “autonomía universitaria”.
El
fallo del juez federal Pablo Cayssials suspendió los artículos 2 y 4 de
la Ley, que establecían que el Estado debe “garantizar la igualdad de
oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y
el egreso”, y que “todas las personas que aprueben la educación
secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta” a la
universidad. La decisión judicial se dio a raíz de un recurso de amparo
de la Universidad de La Matanza (UNLAM). Dicha Universidad consideró que
los nuevos artículos violaban la autonomía universitaria y que iban a
generar “desfinanciamiento” del sistema y a “bajar la calidad
educativa”, según explicó el rector de la UNLAM, Daniel Martínez.“Es una ley demagógica, que apela al facilismo y confunde a la sociedad. Nosotros planteamos que vulnera el principio de autonomía universitaria porque fija un régimen de permanencia, graduación y acceso a la universidad, cuestiones que deben ser definidas por cada institución”, agregó Martínez. El fallo alude al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscripto por Argentina, que reconoce “el pleno ejercicio del derecho a la educación superior, pero sobre la base de la capacidad de cada uno”.
Cada año se anotan en la UNLAM unos 24 mil alumnos, de los cuales ingresa el 60%, informó la Universidad. “No tenemos aulas, ni capacidad financiera ni docentes para recibirlos a todos. La ley no preveía fondos para garantizar el acceso irrestricto”, argumentó Martínez. Y añadió: “Establecer la gratuidad por ley es redundante: la universidad pública es gratuita de hecho desde 1949, y eso está garantizado por la Constitución”.
La reforma del año pasado, que modificó la Ley N° 24.521 de 1995, surgió de un conflicto entre la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Medicina de esa universidad, que tenía un curso de ingreso muy eliminatorio (ver aparte). Según estimó Marcelo Rabossi, investigador de la Universidad Di Tella, “el único cambio que promovió la ley es que el viejo curso de ingreso se convierta en el primer año de la carrera. Ya no hay ingreso eliminatorio, pero te 'eliminan' en primer año”.
La autora de la ley, Adriana Puiggrós, defendió los artículos suspendidos: “Me preocupa que un fallo y un rector sostengan que la autonomía universitaria está por encima del derecho a la educación superior”. La pedagoga y ex legisladora explicó que la ley autorizaba a cada universidad “a definir sus mecanismos de ingreso” y que “no avasallaba la autonomía”, sino que buscaba “ordenar la heterogeneidad del sistema universitario”.
Puiggrós anticipó que la decisión judicial será apelada. “Si hay un problema en la secundaria, hay que resolver ese problema. Pero es inconcebible que la Argentina no pueda garantizar el acceso a la universidad para todos sus ciudadanos”, consideró. Puiggrós señaló que “si una universidad no quiere ser una fábrica de ni-ni, hoy tiene muchas alternativas pedagógicas y metodologías que permiten retener a los alumnos”, y mencionó a las universidades de Quilmes, General Sarmiento y Florencio Varela como “ejemplares” en ese sentido.
Mientras el juez decide sobre la cuestión de fondo, el amparo está vigente. La Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó ahora un pedido de apelación del fiscal, y en su resolución advirtió que el Ministerio de Educación dio “instrucciones de no apelar la sentencia”, con lo cual la respuesta que recibió la UNLAM deberá mantenerse también para otros “casos similares en los cuales se halle en contradicción los artículos de la Ley de Educación Superior cuestionados”. Desde el Ministerio dijeron a Clarín que el fallo "está siendo evaluado por el equipo jurídico".
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